La organización de la sociedad civil dedicada al control de la corrupción en México, Transparencia Mexicana y Tojil activaron el Mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones, conocido como “Susana Vigilancia”, para identificar los contratos y adquisiciones que han realizado los gobiernos estatales en el marco de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
Luego del primer caso de COVID-19 detectado en México hace 5 meses existen 19 estados que aún no publican información relacionada los recursos ejercidos en contrataciones de servicios durante la contingencia sanitaria por coronavirus, siendo esta una obligación señalada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Por otra parte, existen 13 estados que ya publican información para conocer qué bienes y servicios han adquirido en el marco de la pandemia entre estas entidades federativas se encuentra Quintana Roo, hasta el momento el estado ha realizado un registro público del monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender COVID-19 y sus efectos económicos. Es importante mencionar que el monto acumulado de las 13 entidades alcanza más de 8 mil 160 millones de pesos.